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- A los 90, años murió en el Hospital Militar, donde se encontraba internado, el ex general Reynaldo Benito Antonio Bignone, el último presidente de facto que tuvo la Argentina y la última cara visible de la dictadura militar.
Accedió a la Casa Rosada, como presidente de facto, el 1 de julio de 1982, tras el relevo del entonces teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, que había llevado al país a la traumática Guerra de Malvinas, en los tramos finales del Proceso militar, y dejaba una pesada herencia en el plano institucional, político, económico y social.
Por su actuación previa, en distintos destinos militares, Bignone recibió varias condenas por delitos de lesa humanidad, a raíz de la desaparición de personas y la apropiación ilegal de menores. En 2016, en una de las causas más resonantes, fue condenado a 20 años de prisión, como uno de los responsables del Plan Cóndor, que escondía una coordinación represiva entre las dictaduras militares de la región.
Tuvo responsabilidad en casos de desaparecidos durante la ocupación del Hospital Posadas, donde funcionó un centro clandestino de detención
En marzo del año pasado sumó otra condena perpetua por crímenes cometidos entre 1976 y 1977 en el Colegio Militar, institución que dirigió a partir de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar. Desde ese lugar tuvo participación en el derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez de Perón, que estableció la dictadura de Jorge Rafael Videla. El cuadro que recordaba su paso por el Colegio Militar, al igual que el de Videla, fue retirado el 24 de marzo de 2004 por el entonces jefe del Ejército, general Roberto Bendini, ante una orden que le transmitió allí mismo el presidente Néstor Kirchner.
Tras las sucesivas condenas, fue dado de baja del Ejército y perdió el grado militar en octubre de 2014, por una resolución del entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi.
Ya se encontraba retirado del Ejército cuando, luego del desastre de Malvinas, la Junta Militar le encomendó encabezar la etapa de transición hacia la recuperación de la democracia. El 10 de diciembre de 1983 le entregó el mando a Raúl Alfonsín, consagrado presidente constitucional en las elecciones del 30 de octubre de ese año.
Con la ingrata tarea de enterrar las sucesivas gestiones de sus camaradas de armas, a Bignone le tocó ponerle cierre a una de las etapas más negras de la historia política argentina. Cerró, además, un ciclo histórico de más de 50 años, que había iniciado el general José Félix Uriburu cuando derrocó a Hipólito Yrigoyen. El paso de Bignone por la primera magistratura se pareció más a una fuga de las Fuerzas Armadas del poder, más que a una transición ordenada.
Signo de un clima de fin de época, su gestión incluyó la quema de documentos, en distintas áreas, y una apresurada e improvisada ley de autoamnistía o pacificación, en septiembre de 1983, para intentar limpiar los excesos en la represión. La norma declaraba "extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva" entre 1973 y 1982 y, tras la asunción del gobierno democrático, fue derogada por el Congreso.
También emitió el "Documento final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo", en el que declaraba que la existencia de personas desaparecidas era "una falsedad utilizada con fines políticos".
Bignone creó condiciones para adelantar el abandono del poder. Había recibido un gobierno -y un Ejército- derrotado física y moralmente y carente de toda posibilidad de recuperación.
Formado en el arma de Infantería y con estudios en la Escuela Superior de Guerra, había nacido en Morón el 21 de enero de 1928. Estuvo casado con Nilda Raquel Belén Etcheverry (fallecida en marzo de 2013), con quien tuvo tres hijos.
En su actividad militar había sido distinguido por sus superiores y tenido por contemporizador. Secretario general del Ejército durante el gobierno de Videla, manejó buena parte de los contactos políticos del dictador. Tras el golpe organizó y dirigió los centros de detención clandestinos que funcionaron en el Hospital Posadas, en La Matanza, y en Campo de Mayo.
Disgustado con el entonces teniente general Roberto Viola -sucesor de Videla-, Bignone pasó a retiro a fines de 1981, con el grado de general de división. Lo fueron a buscar para suceder a Galtieri y encarar la última etapa del período militar. Designado presidente de facto, gobernó con su compañero de promoción Cristino Nicolaides como jefe del Ejército, respondiendo a una Junta Militar ya debilitada.
Ya en su primer pronunciamiento, Bignone anunció el fin de la veda política y el llamado a elecciones, originalmente prevista para los primeros meses de 1984. Para entonces, los partidos y los sindicatos se animaban a ganar la calle y las restricciones impuestas por el Proceso comenzaban a diluirse.
Más allá de las condiciones políticas, la situación económica en el último tramo de la dictadura militar era extremadamente difícil, en medio de un marcado aislamiento internacional. Su gestión se desarrolló en un contexto de agitación y de masivas adhesiones a los partidos políticos, a la vez que se registraban cada vez más denuncias por desapariciones, se descubrían inhumaciones de cadáveres sin identificación y se conocían revelaciones de lo ocurrido durante la guerra del Atlántico Sur, lo que complicaba un panorama alarmante.
Afrontado a lo peor, Bignone adelantó el llamado a elecciones para octubre de l983 y, mientras tanto, ordenaba la destrucción de documentos.
Pese a que fue presidente de facto, al no haber integrado las Juntas Militares no fue incluido en el Juicio a las Juntas realizado durante el gobierno de Alfonsín. Pero la posterior derogación y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, a partir de 2003, habilitó numerosos juicios en su contra. Se encontraba últimanente bajo el sistema de vigilancia electrónica, indicaron fuentes penitenciarias. [2]
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