Notas |
- Emilio Massera nació en la ciudad entrerriana de Paraná hijo de Emilia Padula y Emilio Massera, que era ingeniero, y nieto de inmigrantes provenientes de Suiza. Vivió su adolescencia en la ciudad de La Plata y finalizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de La Plata.
Carrera militar
A los diecisiete años, una vez terminada su educación secundaria, convencido por su padre ingresó en 1942 a la Escuela Naval Militar.
Massera egresó en 1946 con el rango de guardiamarina en la promoción 73 y más adelante sería alumno de la Escuela de las Américas y del Interamerican Defence College de Washington, donde recibiría formación en guerra antisubversiva. De regreso a la Argentina, durante la presidencia de Juan Domingo Perón cumplió destino en el Ministerio de Marina, y luego en el Servicio de Inteligencia naval hasta que fue ascendido al rango de capitán de navío y nombrado comandante de la fragata ARA Libertad (Q-2). El 23 de agosto de 1973 fue nombrado Comandante en Jefe de la Armada por el presidente Raul Lastiri, siendo el más joven de la historia naval argentina, nombramiento que obligaba al retiro de 14 oficiales superiores, y continuó en el cargo al asumir Perón la presidencia y, más tarde, cuando lo sucedió María Estela Martínez. Durante su carrera fue condecorado por los gobiernos de Chile, Ecuador, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, Estados Unidos de Norteamérica, Taiwán, Colombia, Corea, España, Gabón, Guatemala, México, Nicaragua, Sudáfrica, y Uruguay. Miembro de la Comisión Directiva del Centro Naval e Instituto de Publicaciones Navales, Socio Honorario dela Liga Naval Argentina, Miembro Académico del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Doctor Honoris Causa de la Universidad John F. Kennedy, Periodista Honoris Causa del Instituto Latinoamericano de Intercambio Periodístico, Profesor Honorario de la Universidad del Salvador, entre otros reconocimientos.
El 24 de marzo de 1976, Massera lideró junto con Videla y Agosti el movimiento golpista que derrocó al gobierno de Isabel Perón.
Tras el fin de la dictadura, fue investigado por el organismo creado ad hoc específicamente encargado de la instrucción sobre la guerra sucia y el terrorismo de Estado, la CONADEP; el 16 de enero de 1983, se presenta como candidato a Presidente de la Nación por el Partido para la Democracia Social, pero el 21 de junio del mismo año es detenido por el Juez Federal Oscar Mario Salvi por la presunta participación en la desaparición del empresario Fernando Branca, con lo que fue así imposibilitado para participar de la contienda electoral.
El 22 de abril de 1985 fue juzgado por violaciones a los derechos humanos, asesinato, tortura y privación ilegal de la libertad, y condenado a prisión perpetua y pérdida del grado militar por los siguientes delitos: 3 homicidios con alevosía, 12 tormentos, 69 privaciones ilegales de libertad, 7 robos, 17 desnudos públicos y 3 vandalismos pueriless. El 29 de diciembre de 1990 fue indultado por el entonces presidente Carlos Saúl Menem y recuperó la libertad hasta 1998, cuando fue nuevamente puesto en prisión preventiva por causas relativas al secuestro y denegación de identidad a menores durante su gobierno por la jueza María Servini de Cubría que se basaba en que la apropiación de menores y los restantes cargos imputados por estar considerados delitos contra la humanidad no prescriben.
En 2001 el juez federal Gabriel Cavallo declaro anticonstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían paralizado los juicios contra militares de rango inferior al de coronel durante los 15 años anteriores.
En 2002, tras el estallido de un aneurisma cerebrovascular, fue ingresado al Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich. Las secuelas del mismo llevaron a que el 17 de marzo de 2005 fuese declarado incapaz por demencia, y se suspendieran las causas en su contra.
En 2009 comenzó un juicio en ausencia por la muerte de tres italianos durante la dictadura.
El 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmando las sentencias de tribunales inferiores, resolvió que el indulto que recibió del entonces presidente Menem no fue constitucional y la condena que anuló debía ser cumplida efectivamente. [2]
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