| Notas |
- Salvador María Lozada nació en Buenos Aires en 1932. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba en 1954, donde se doctoró en derecho y ciencias sociales en 1965.
Realizó su carrera académica en la Universidad de Buenos Aires, donde alcanzó el grado de Profesor Titular Ordinario, del que fue despojado por la dictadura militar en mayo de 1976, porque quizá se recordaba en ese tiempo como se había enfrentado a las multinacionales que a partir de 1976 iban a beneficiarse de una política económica, que dañó la estructura productiva del país, y endeudó a la Nación a cifras nunca imaginadas.
Fue Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal entre 1963 y 1974.
Fundó en 1981 en Belgrado, antigua Yugoeslavia, la Asociación Internacional de Derecho Constitucional siendo hasta hace unas pocas horas presidente honorario de esa asociación. En la Argentina fue presidente honorario del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), cuyo primer presidente fuera el Dr. Arturo E. Sampay.
Fue autor de numerosos trabajos donde demostró sus enormes conocimientos jurídicos, y de libros que sería fundamental conocer, donde trató de ir a lo sustancial del derecho, dejando formalidades y ritualismos inconducentes. Tanto en sus obras, como en sus fallos como Juez, y quizá en el más célebre de todos sobre Swift, Salvador fue más allá de convencionalismos doctrinarios, dejó de lado la habitualidad de resoluciones de rutina, se apartó de concepciones que siempre favorecían al poder económico, para llegar a la médula de una operatoria que siempre favorecía el enriquecimiento ilícito de las empresas extranjeras.
Sus libros: La Constitución Nacional Anotada (1962),
Las Fuerzas Armadas en la Política Hispanoamericana (1970),
Instituciones de Derecho Público (edic. 1970 y 1973),
Empresas Multinacionales (1973),
Dependencia y Empresas Multinacionales (1974),
Inseguridad y Desnacionalización: La doctrina de la seguridad nacional (1980),
Los Derechos Humanos y la Impunidad en la Argentina (1974-1999: De López Rega a Alfonsín y Menem) (2000),
La Deuda Externa y el Desguace del Estado Nacional (2002).
Nada de lo que tiene que ver con el derecho, la defensa de las causas nacionales y de las instituciones le fue ajeno, y sus preocupaciones no fueron solo jurídicas, sino lo relacionado con los bienes públicos, las cuestiones económicas y todo lo que hace al interés de la Nación, donde siempre estuvieron sus reflexiones justas y oportunas.
Penetró con rigurosidad, solvencia y con un estilo claro y contundente en los grandes problemas: Los derechos humanos, la deuda externa, la dependencia económica de la Argentina, el desguace del Estado. La transnacionalización de las empresas fueron temas donde dejó la impronta de sus sólidos conocimientos y su versación sobre el derecho público, y aún sobre el derecho internacional.
Como ya lo señalara, uno de los aspectos fundamentales de su concepción jurídica, fue la doctrina de los conjuntos económicos que puso en claro por primera vez, como actuaban los grandes grupos extranjeros, controlando empresas supuestamente nacionales, pero manejadas desde el exterior.
En la quiebra de Swift, había sostenido: "No es dudoso, pues, que la unificada estructura Deltec ha situado a Swift como un sector de la misma voluntariamente debilitado, con grave daño para la economía argentina, lesión para sus acreedores y zozobra para miles de familias obreras acosadas por la amenaza de la desocupación".
La tradición defraudatoria de los frigoríficos extranjeros de la que Swift era un ejemplo, no era nueva, y había sido puesta en evidencia por la investigación del comercio de carnes que había llevado adelante el Senador Lisandro de la Torre, en la década del 30.
La sentencia que dictara Lozada, que honra no solo a la justicia sino a la doctrina jurídica argentina, es continuadora de una ejemplar tradición que hizo decir a un historiador estadounidense, hablando sobre principios de siglo: "El mundo en conjunto estaba menos preocupado con la voz auténtica de los poetas latinoamericanos que con el tono estridente de sus abogados. Los abogados latinoamericanos heredaron la tradición legalista constitucional elaborada por los teólogos y los juristas de los siglos XVI y XVII. De diferentes modos estos abogados desafiaron la preponderancia política y económica de los intereses extranjeros, particularmente aquellos de Estados Unidos"
No fue ajena a sus preocupaciones el fraude de la deuda externa, y en un importante libro retomó las ideas de Carlos Calvo y Luis María Drago en su más amplia interpretación: no sólo que un Estado no puede intervenir militarmente para garantizar el cobro de una deuda, sino que el Estado deudor tiene la potestad de decidir cómo y cuándo pagará, aun a acreedores extranjeros, por el sólo hecho de ser soberano y como una condición inherente a tal soberanía, como sostuviera Drago hacía décadas.
Estuvo a favor de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y a favor de la reapertura de las instancias jurisdiccionales; denunciando la negligencia, la torpeza o la connivencia de los gobiernos al sostener: "lo que la sociedad ya ha juzgado como un crimen, no puede ser borrado ni por la impunidad, ni por el indulto".
Se ocupó en su momento de la obligatoriedad de las pruebas de ADN, para establecer la filiación de personas hijas de desaparecidos, sosteniendo contra criterios de la Corte en el año 2003 que "Habida cuenta que la familia aparente ha quedado desechada por la prueba del propio proceso como un engendro delictual y fraudulento, la expectativa de establecer la verdadera familia adquiere una enorme significación para esa sociedad, para la cual ella es su "elemento natural y fundamental". Los intereses de la sociedad y del Estado, que por imposición constitucional deben ver en la familia su elemento natural y fundamental, están pues atacados por la renuencia a la prueba del ADN". "La decisión de no contribuir a la certidumbre sobre los lazos de parentesco que, prioritariamente, sus presuntos abuelos aspiran a tener, es una muy clara lesión a los intereses en expectativa de estos tan próximos terceros, los probables miembros de esa familia sobre la que imperiosamente hay que obtener certidumbre. Y también una lesión muy determinada y honda a la posibilidad de que la sociedad y el Estado cumplan con su deber de protección sobre esa familia, como precisa la norma pertinente de la Convención Americana de Derechos Humanos".
Fue abogado de algunos de los damnificados por la explosión del arsenal de Río Tercero, y hasta que se enfermara hace unos años, teníamos conversaciones habituales sobre todos los problemas importantes que afectaban a la Nación, íbamos a los Tribunales a presentar escritos sobre acciones judiciales en defensa de los bienes del Estado. A pesar de sus años, siempre estuvo dispuesto a señalar corruptelas y claudicaciones de funcionarios y dirigentes políticos.
En el año 2017, el Senado de la Nación le otorgó el premio Domingo Faustino Sarmiento, por los relevantes servicios prestados al país.
por Alejandro Olmos Gaona
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1932 - 2022 (90 años)
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